José Manuel Calvente, abogado de Podemos desde 2014 hasta diciembre de 2019, ha abierto un frente judicial sin precedentes en la historia de la formación política que dirige el vicepresidente del Gobierno. A diferencia de anteriores procedimientos judiciales, el denunciante en este caso es una persona de dentro, un hombre que ha formado parte del núcleo duro de Iglesias desde el principio, la persona a la que el propio secretario general de Unidas Podemos le encargó su defensa ante los tribunales.
A cierre de aquel ejercicio el partido reconoció ingresos totales por valor de 16,9 millones de euros de los cuales 7,2 fueron en concepto de subvenciones; 6,1 de aportaciones de los grupos institucionales del partido en las diferentes administraciones del estado; 2,8 millones de aportaciones de los cargos públicos de Unidas Podemos, es decir, la parte que no podían cobrar de sus sueldos por ser superior a tres salarios mínimos interprofesionales (SMI); y finalmente las aportaciones de que provenían de las cuotas de los votantes del partido. Sin embargo a partir del 31 de diciembre de 2018 la opacidad es completa y la fecha no deja de ser significativa ya que es precisamente a partir de ese momento cuando se produjeron los hechos en los que se sustenta la denuncia de José Manuel Calvente.
Es pertinente recordar asimismo que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros que decretó un Consejo de Ministros en el que participaron Pablo Iglesias e Irene Montero poco antes de la pandemia, el 4 de febrero, benefició especialmente a todos los dirigentes y militantes de Unidas Podemos que ocupan cargos públicos en las instituciones municipales, autonómicas o estatales, que, debido a una regla interna del partido, tienen limitado su salario al equivalente de tres SMI, es decir, 2.850 euros netos en 14 pagas. A esta subida tanto Pablo Iglesias como Irene Montero, que tienen tres hijos en común, pueden añadir a esa cantidad 1.425 euros mensuales cada uno, a razón de medio SMI por cada hijo a su cargo. La cifra total del sueldo es, por tanto, de 4.275 euros al mes por cabeza.
Uno de los principales protagonistas de esta trama delictiva –según la declaración telemática del miércoles de Calvente– es el socio fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Monedero negó ayer que exista una «caja b» en la formación morada con la que presuntamente pagarían sobresueldos irregulares a algunos de sus miembros y cargó contra el ex abogado del partido por acusarlos sin aportar pruebas.
«Calvente está enfadado porque le han despedido», subrayó el ex dirigente de Podemos en una entrevista en Telecinco. Monedero aseguró que estudiará si toma medidas legales contra José Manuel Calvente. El socio fundador de Podemos defendió que él ha declarado todos sus trabajos y negó la existencia de «comisiones ilegales». En este sentido, recalcó que no existen pruebas sobre estas acusaciones y consideró que «llueve sobre mojado» dentro de Podemos en relación a los casos judiciales, recordando «en qué ha quedado» el informe PISA o el asunto relacionado con la tarjeta SIM del teléfono de la ex asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham.
